La Junta General de Asturias ha aprobado recientemente una reforma en la Ley de Turismo que introduce medidas para regular los alojamientos de uso turístico. Este cambio, que supone la cuarta modificación en la legislación de turismo asturiano, tiene como objetivo establecer normativas específicas para el alquiler turístico en un momento en que este sector está en plena expansión. La propuesta, respaldada por el PSOE, IU-Convocatoria por Asturias, el Grupo Mixto y otros diputados, ha suscitado un intenso debate en el pleno, con posturas enfrentadas respecto a la efectividad y alcance de la nueva normativa.
Posturas políticas y votaciones de la reforma
La reforma contó con el apoyo de 24 diputados, mientras que 21, entre ellos los del PP y Vox, votaron en contra. Desde el Partido Popular, la diputada Sandra María Camino criticó el texto de la reforma por considerarlo poco técnico y sin el rigor necesario para ofrecer seguridad jurídica a los afectados. Según Camino, las enmiendas propuestas por el PP estaban orientadas a mejorar la ley, pero fueron rechazadas, lo que, en su opinión, deja el texto en una posición deficiente.
Por otra parte, desde el Grupo Mixto, la diputada Covadonga Tomé defendió la necesidad de esta regulación y señaló el impacto negativo de la excesiva turistificación en la economía de la región, subrayando que el turismo debe actuar como un sector complementario a la industria, y no como el motor económico principal de Asturias. Aunque valoró la reforma como un avance, Tomé argumentó que el proyecto podría haber sido más ambicioso para enfrentar las complejidades del sector turístico.
La visión de IU y Foro sobre el cambio normativo
El representante de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, se mostró favorable a la reforma, destacando que, además de regular los pisos turísticos, esta protege el derecho a la vivienda, limitando su uso especulativo. Vegas señaló la importancia de esta medida en un contexto en el que Asturias afronta una situación de emergencia habitacional.
Por su parte, el diputado de Foro, Adrián Pumares, apoyó el proyecto con reservas, lamentando que la reforma no fuera tan ambiciosa como hubiera deseado. A pesar de esto, consideró que la normativa cumple con las competencias del Principado y subrayó la necesidad de una regulación que tanto los municipios como el sector hostelero llevaban tiempo reclamando.
Críticas de Vox y objetivos de la reforma
La postura de Vox fue crítica hacia el alcance de la reforma. La portavoz del partido, Carolina López, afirmó que la ley se centra en la prohibición más que en la regulación de los pisos turísticos, dejando el texto, según sus palabras, “vacío de contenido” al limitarse a una mención a la legislación nacional. López también cuestionó que las enmiendas aprobadas empeoran el texto original en lugar de mejorar su aplicabilidad y utilidad.
Medidas clave de la reforma de la Ley de Turismo
Entre las novedades más destacadas de esta modificación en la Ley de Turismo se encuentra la exigencia de que las viviendas de uso turístico cuenten con la aprobación de la Junta de Propietarios de la comunidad en la que se encuentran. Esta medida, como explica la diputada del PSOE Lidia Fernández, tiene como finalidad asegurar que los intereses de los residentes en comunidades de propietarios sean considerados, reforzando el control local y promoviendo una convivencia respetuosa entre turistas y vecinos.
La normativa también prohíbe el alquiler por habitaciones en los pisos turísticos, exigiendo que las viviendas se alquilen en su totalidad. Asimismo, se introducen requisitos de accesibilidad y sostenibilidad que equiparan estas viviendas a los estándares de otros tipos de alojamientos. Esta regulación busca asegurar que el sector turístico en Asturias mantenga una alta calidad, respete el entorno y contribuya a la convivencia en las áreas residenciales.
Alineación con la normativa europea y nacional
La reforma está en consonancia con el registro digital anunciado por el Ministerio de Industria y Turismo, que busca identificar y controlar la oferta ilegal de alojamientos turísticos en todo el país. Además, sigue las directrices del reglamento recientemente aprobado por el Parlamento Europeo para supervisar el sector. Estas medidas sitúan a Asturias dentro de los estándares europeos de calidad y legalidad, consolidando una postura activa en la gestión del turismo.
Uno de los puntos clave de la reforma es la apuesta por un turismo de calidad y sostenible. Fernández destacó que el objetivo de la ley es que Asturias mantenga su posición como un destino turístico de calidad y sostenible, siendo competitiva en el mercado. La normativa busca proteger tanto los derechos de los residentes como la integridad del sector turístico, que sigue siendo un componente importante de la economía asturiana.
La inclusión de criterios de accesibilidad y sostenibilidad no solo busca adaptarse a las demandas de los viajeros actuales, cada vez más conscientes de la necesidad de preservar el entorno, sino que también pretende regular la expansión del turismo en las zonas residenciales, favoreciendo una convivencia equilibrada entre vecinos y visitantes.
Futuro del turismo en Asturias: Entre la regulación y la convivencia
Esta reforma representa un paso adelante para afrontar los retos que plantea la creciente actividad del turismo en Asturias. Si bien el turismo genera beneficios económicos, también plantea desafíos en términos de convivencia y equilibrio con las actividades residenciales. La reforma pretende responder a estos desafíos mediante la regulación de los pisos turísticos y la protección del acceso a la vivienda. A pesar del debate y las posturas encontradas entre los grupos parlamentarios, la reforma de la Ley de Turismo en Asturias refleja una intención de avanzar hacia un turismo que respete la identidad de la región y que ofrezca una experiencia de calidad a los visitantes sin comprometer el bienestar de los residentes.
La reciente reforma de la Ley de Turismo en Asturias supone un avance significativo en la regulación de los alojamientos turísticos en la región. A través de medidas como la obligatoriedad de contar con la autorización de las juntas de propietarios y la prohibición del alquiler por habitaciones, la normativa aspira a mejorar la convivencia en zonas residenciales y fomentar un turismo sostenible. Aunque algunos grupos políticos plantearon críticas y enmiendas, la ley ha sido aprobada con el respaldo de una mayoría de diputados.
